El sistema de protección a la infancia en la Comunitat Valenciana se enfrenta a un escenario de incertidumbre absoluta. Las entidades sociales que gestionan 1.343 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes tutelados por la Generalitat, y 924 plazas en Centros de Día, han manifestado su disconformidad con la prórroga de la acción concertada planteada por la administración hasta junio de 2028.
Esta decisión ha sido comunicada por Daniel Bueno y Esteban Burillo, presidentes de la Federación FEPJJ y de la asociación patronal APIME, respectivamente, quienes representan a la práctica totalidad de las entidades del sector, en la Mesa de Acción Concertada celebrada ayer en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre de Valencia. El motivo del rechazo es la intención de la Conselleria, que pretende extender el servicio dos años más sin ofrecer garantías para que los módulos económicos evolucionen en cuantía suficiente para cubrir los costes reales. Esta situación obligaría a las entidades sociales a sufragar con recursos propios el déficit de financiación para no mermar la calidad de la atención, comprometiendo gravemente su sostenibilidad económica.
El conflicto no es nuevo, sino que arrastra las consecuencias de un mal escenario en el arranque de la acción concertada en junio de 2022. En noviembre de 2022, el sector alcanzó un acuerdo con la entonces Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para actualizar unos módulos económicos que estaban congelados desde 2018. Sin embargo, el cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023 dejó este compromiso en un limbo: el gobierno saliente no lo ejecutó por estar en funciones, y el actual no lo asumió como propio con el cambio de ciclo político.
"Estamos gestionando servicios esenciales con presupuestos diseñados para la realidad de hace ocho años", señalan desde las patronales. A pesar de las actualizaciones parciales por el IPC en los últimos ejercicios, las auditorías presentadas por las entidades siguen arrojando pérdidas que la Conselleria no ha considerado corregir, como se viene demandando reiteradamente, a través de una adecuada evaluación de costes que permitiese establecer unos módulos ajustados a la realidad.
Dificultad para cumplir el convenio colectivo sectorial
Uno de los puntos más críticos es la imposibilidad de cumplir con los compromisos salariales. El sector de infancia arrastra una pérdida de poder adquisitivo cercana al 22% desde 2008. Para intentar revertir esta situación, el IV Convenio Colectivo pactado el 3 de octubre de 2024 estableció incrementos a un promedio del 4,4% anual. Sin embargo, la Generalitat ha propuesto una prórroga que mantiene los precios de 2025 hasta 2028, generando una brecha que las entidades, todas sin ánimo de lucro, no tienen capacidad de cubrir por su cuenta. Esto no solo genera una lógica conflictividad laboral, sino que pone en riesgo la estabilidad de los equipos que atienden directamente a los menores, más de 3.500 personas trabajadoras en la Comunitat Valenciana.
El aval del Tribunal Supremo
FEPJJ y APIME recuerdan que “el marco legal contempla mecanismos de re-equilibrio económico que, desgraciadamente, no se han puesto en marcha”. Además, el pasado 18 de marzo, la sentencia de Casación del Tribunal Supremo 292/2026 respaldó el Decreto 181/2017 por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales, reforzando el principio de "indemnidad patrimonial". El alto tribunal deja claro “que el cálculo de las tarifas que se establezcan por los servicios prestados se haga de forma realista, teniendo en cuanta los costes variables, fijos y permanentes de la entidad prestadora para que el patrimonio de esta no sufre menoscabo” por prestar un servicio público, cuya titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana.
Inseguridad e incertidumbre
Dado que la prórroga de los conciertos requiere el mutuo acuerdo de las entidades, la negativa de una gran parte del sector a firmar sin garantías económicas sitúa la atención a los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección frente a un grave problema administrativo y asistencial a partir del próximo 1 de julio. Las patronales lamentan haber llegado a este punto, pero insisten en que no pueden comprometerse a dos años más de gestión si no se establecen los mecanismos de reequilibrio financiero que establece la ley.
Desde FEPJJ y APIME hacen un llamamiento urgente a la Administración para establecer mecanismos de reequilibrio económico que permitan seguir protegiendo a la infancia valenciana con la dignidad y calidad que merecen. Las patronales consideran que todavía hay tiempo, de aquí al 1 de julio, para sentarse a negociar y evitar una situación de ruptura que no es deseable para ninguna de las partes, y mucho menos para los niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección.