Las entidades sociales de infancia de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia han acercado posturas. Tras semanas de intensa interlocución y de la lógica preocupación sobre la viabilidad de los centros, las asociaciones patronales FEPJJ y APIME han anunciado este miércoles un acuerdo con el departamento que dirige Elena Albalat.
Este pacto abre el camino para desbloquear la prórroga de la acción concertada que vencía el próximo 30 de junio, resolviendo así el principal motivo de discrepancia entre ambas partes. Desde las patronales se valora positivamente que la Conselleria haya analizado con detenimiento las alegaciones presentadas por el sector y haya entendido que era necesario realizar un esfuerzo suplementario para garantizar la continuidad del sistema y la atención de calidad que merecen más de 2.300 niños, niñas y adolescentes tutelados por la Generalitat.
El núcleo del acuerdo reside en que la Generalitat garantiza que las entidades podrán afrontar los costes reales del servicio durante el periodo de prórroga (2026-2028). Para ello, se ha pactado una revisión de los módulos económicos de 2026 en las próximas semanas, a la que seguirá otra nueva revisión en 2027.
Esta medida es fundamental para que las asociaciones y fundaciones puedan cumplir con las tablas salariales del IV Convenio Colectivo. El acuerdo reconoce que el principal recurso de la atención a niños, niñas y adolescentes son las personas trabajadoras, educadores sociales y el resto de los equipos multidisciplinares que sostienen el sistema día tras día.
Hacia un nuevo modelo de acción concertada
Ambas partes se han comprometido a trabajar de la mano para que se publique una nueva convocatoria de acción concertada antes de junio de 2027. El objetivo es que este nuevo marco jurídico incorpore mecanismos de estabilidad y sostenibilidad y se adapte al futuro Decreto por el que se regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, que se encuentra actualmente en su última fase de tramitación.
Para asegurar un proceso participativo, se activarán las mesas sectoriales de acción concertada (infancia, pero también discapacidad, mayores e inclusión), donde se abordará el diseño de la nueva convocatoria orientada hacia la mencionada estabilidad y sostenibilidad del sistema.
FEPJJ y APIME están comunicando a lo largo del día de hoy los detalles de este principio de acuerdo a sus entidades asociadas. El objetivo es que las 24 organizaciones que inicialmente habían mostrado su disconformidad puedan ahora valorar formalizar su conformidad con la prórroga, eliminando así cualquier incertidumbre administrativa o asistencial a partir del 1 de julio.
Desde el sector se agradece la disposición al diálogo de la Consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, para buscar una solución acordada y con el objetivo común de poner en el centro los derechos de los niños y niñas más vulnerables de nuestra Comunitat.