Las patronales del ámbito de infancia de la Comunidad Valenciana vienen reclamando desde hace años una solución definitiva a un problema que no ha dejado de agravarse y agrandarse, pese a la tramitación de tres quejas por parte del Sindic de Greuges en los años 2020, 2021 y 2022 (quejas 2000515, 202100348 y 2202756, respectivamente), en las que el Sindic recomendaba reiteradamente a la Conselleria que adoptase “las medidas oportunas para hacer efectivo el pago de las cuantías adeudadas a las entidades que gestionan centros del sector de infancia y adolescencia, así como que establezca los mecanismos administrativos necesarios para evitar las demoras en los pagos a las referidas entidades que repercuten en los derechos reconocidos a NNA atendidos y en los de trabajadores/as de los centros”. El Sindic también solicitaba en sus resoluciones que se adoptasen “las medidas de previsión presupuestaria y de planificación administrativa necesarias para evitar que los servicios prestados por entidades privadas sin ánimo de lucro del sector de infancia y adolescencia queden sin cobertura contractual, evitando la normalización de la práctica del resarcimiento por enriquecimiento injusto”.
Pese a estas continuas recomendaciones del Sindic, expuestas además en innumerables ocasiones a la Conselleria por parte de las patronales del sector, la situación sigue agravándose. Actualmente hay entidades que tienen dificultades para hacer frente a los salarios de sus plantillas, situación de inestabilidad que repercute negativamente en los derechos de niños, niñas y adolescentes cuya tutela corresponde a la Generalitat Valenciana. Como indica el propio Sindic en sus resoluciones, “la demora en los pagos a las entidades a las que la propia administración ha delegado el ejercicio de la guarda de los menores por ella tutelados suponen, conforme al Código Civil, inhabilidad y mal desempeño del cargo tutelar”.
Las patronales han vuelto a reclamar, en esta ocasión al nuevo equipo de gobierno al frente de la Conselleria, que busquen una solución inmediata a esta situación, ya que entienden que es incomprensible que, en un presupuesto anual de 2.308 millones de euros como el que maneja la Conselleria para 2023, se mantenga esta situación de precariedad respecto a la atención de niños, niñas y adolescentes de la Comunidad Valenciana en situación de vulnerabilidad. Es inadmisible que haya entidades que no han ingresado un solo euro este año, pese a haber mantenido su prestación de servicios al 100% tanto en hogares de protección como en centros socioeducativos de cumplimiento de medidas judiciales.
Por todo ello, FEPJJ y APIME reclaman a la Conselleria que establezca un plan de pagos urgente que permita saldar esta deuda, así como que ponga en marcha los mecanismos administrativos de contratación y colaboración adecuados para que la actividad desarrollada tenga la cobertura contractual y presupuestaria que se precisa, ya que en muchos casos se siguen abonando módulos de gasto calculados en el año 2017 que en nada se parecen a las necesidades existentes en 2023.